Boletín electrónico nº 6
Diciembre // 2011

     
 
finanzas

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Acogerse al concurso de acreedores, ¿un error o un acierto?
Desde que entró en vigor la Ley 22/2003, Concursal, una gran cantidad de empresas de nuestra región se han acogido al Concurso Voluntario de Acreedores.

Cuando todos pensábamos que durante los ejercicios 2009/2010, serían muchas las compañías que se acogiesen a la aplicación de esta Ley y que a partir de ahí se iría reduciendo el número de solicitudes, se ha producido el efecto contrario. Se estima que durante este ejercicio 2011 se alcanzará el máximo de los últimos años de empresas que han solicitado el Concurso de Acreedores.

Este hecho significa, destrucción de empleo, reducción de la inversión, caída del consumo,…. ya que según datos estadísticos un 90% de los Concursos terminan en liquidación.

Ante esta situación se publicó el 11 de octubre de 2011 en el BOE la Ley 38/2011 de reforma de la Ley 22/2003, concursal, con el objetivo de facilitar a las empresas la superación de sus problemas de insolvencia y liquidez sin acabar en liquidación.

Esta nueva Ley modifica varios de los artículos de la Ley 22/2003, los cuales afectan fundamentalmente a los criterios de aplicación del procedimiento simplificado, el cual reduce a la mitad los plazos estipulados para el procedimiento ordinario, incorporando nuevos supuestos, aparte de que la estimación inicial del pasivo fuera inferior a 10 millones de euros, tales como:

        •  cuando junto a la solicitud de concurso se aporte propuesta de convenio anticipada o 
        •  transmisión integra de sus activos y pasivos,
        •  ….

Así mismo, si la sociedad llega a un acuerdo de refinanciación pre-concursal que haya sido suscrito como mínimo por las 3/5 partes del pasivo, que haya sido informado favorablemente por un Experto Independiente y que esté formalizado en documento público, y que además el 75% del pasivo bancario haya suscrito dicho acuerdo, podrá solicitar la homologación judicial del mismo.

Este hecho supone la posibilidad de extender a los acreedores financieros no adheridos o disidentes el efecto de las condiciones pactadas. 

Además, se establece que el “dinero nuevo” que entre en la Sociedad gracias a los acuerdos de refinanciación, tiene un tratamiento privilegiado, al considerar que en caso de entrada en concurso de acreedores, el 50% se considerarían créditos contra la masa y el restante 50% se tratarían como  privilegiados con privilegio general.

Esta reforma favorece además a las compañías en concurso ya que establece como norma general que se nombre a un solo administrador, lo que reduciría sustancialmente los gastos por honorarios de la Administracion Concursal. Dicha norma general se elevaría  a dos  administradores en Concursos Ordinarios de especial transcendencia (100 millones de masa pasiva, 100 millones de facturación, número de acreedores superior a 1.000, más de 100 trabajadores), pero se exigirá que, en el caso de ser nombrado un abogado tenga formación acreditada en derecho concursal y, en caso de ser  economista, especialización demostrable en el ámbito concursal.

Por ultimo debemos destacar que, con el fin de agilizar  el procedimiento concursal, se le otorgan a los administradores más poder, estando legitimados para la venta de bienes sin intervención judicial, iniciar acciones de responsabilidad contra  administradores, auditores o liquidadores, o incluso solicitar al juez la liquidación de la concursada en caso de cese de actividad.

Esperamos que con la agilización de los trámites y la reducción de los plazos que permitan a una sociedad salir con mayor rapidez del concurso, ya sea mediante la aprobación de un convenio o mediante la liquidación y el abaratamiento de los costes de la administración concursal, se evite el desgaste que supone para la sociedad el estar en situación concursal y que fundamentalmente se eviten las liquidaciones forzosas a las que en ocasiones se ven abocadas.

Con el cambio que se espera en el futuro, para muchas empresas, el acortamiento en los plazos del concurso, puede suponer una tabla de salvación en el sentido de que pueda seguir con su actividad y mediante la aprobación de un convenio con sus acreedores puede disponer de tiempo y de “fuelle” para reorganizarse.

Para ello, nosotros, consultores externos independientes, creemos que es una oportunidad que no deben dejar escapar las sociedades, las cuales deben aprender que hay que trabajar con una planificación económica, control de costes, hay que saber cómo juega nuestra competencia y que no nos influya en la determinación de los precios,….. en un palabra, debería definir un Plan de Choque para los próximos años donde se marquen unos objetivos claros, con un seguimiento exhaustivo de los márgenes, de la gastos, del presupuesto de tesorería, de la gestión,…

En este aspecto es donde las empresas como la nuestra de consultoría económico-financiera puedan apoyar como consultores externos a estas empresas en la toma de decisiones, de manera que la misma esté basada en hechos concretos y no especulando con el concepto de “Dios proveerá”. La suerte existe para unos pocos y hay que tener en cuenta que las compañías dependen de muchas variables tales como: tesorería, grado de endeudamiento, proveedores, trabajadores, clientes, situación del mercado,… por lo que es imprescindible  para la toma de decisiones que se conozca la situación real de la compañía en todo momento.

Para más información contactar con Mª Luz Grande, Responsable del área de consultoría económico financiera, en m.grande@grupoacr.com

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